En el 2002, el pueblo de Bojayá, Colombia, fue el escenario de una de las más brutales masacres ejecutadas el conflicto armado de más de cinco décadas entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. Las fuerzas del gobierno fallaron en intervenir mientras las FARC y combatientes paramilitares combatían en medio del pueblo. Alrededor de 500 habitantes de Bojayá buscaron refugio en la iglesia pero un mortero lanzado por los guerrilleros golpeo el techo de la santa edificación matando 80 civiles de los cuales más de la mitad eran niños. Ese día, la mayoría de la población de Bojayá se unió a los millones de colombianos desplazados de sus hogares.
Trece años después, en diciembre del 2015, las FARC volvieron al pueblo. Esta vez, sin embargo, la presencia de las FARC era parte de un organizado acto simbólico. Víctimas de la masacre de Bojayá y sus familiares regresaron a la misma iglesia a escuchar las disculpas y el reconocimiento de responsabilidad de parte de representantes de las FARC y del gobierno.
Félix Antonio Muñoz, conocido como Pastor Alape, es un líder guerrillero que participo en la ceremonia simbólica. En su emocional discurso el líder guerrillero, hoy desmovilizado, describió al pueblo Afro-Colombiano y a sus habitantes como participantes importantes del proceso nacional de paz.
Bojayá es un grano de semilla de la reconciliación que estamos seguro germinara en la paz de Colombia. Henchidos de esperanzas que la paz si es posible y en búsqueda de reconciliación, hacemos presencia ante las mujeres, los hombres, los ancianos, la niñez y la juventud de Bojayá”
El Proceso de Paz
Este acto simbólico de reconocimiento, forma parte del proceso de paz Colombiano. Este comenzó en el 2012 cuando el gobierno del presidente Juan Manuel Santos inicio diálogos con la FARC permitiendo así el establecimiento de una agenda de negociación integral. Sin embargo, las complejidades de un conflicto que ha causado la muerte a más de 260,000 personas siguen presentando desafíos al proceso de paz.
El acuerdo inicial entre las FARC y el gobierno fue sometido a ratificación popular en Octubre del 2016 pero fue rechazado por un margen de menos del 1% en contra. En Diciembre del mismo año, un acuerdo modificado fue ratificado por el Congreso Colombiano. Si bien el acuerdo aborda muchas de las preocupaciones planteadas en el acuerdo original, la opinión publica esta polarizada y su legitimidad sigue siendo cuestionada.
El dilema: ¿Justicia o paz?
La oposición al acuerdo de paz deriva del dilema de la justicia frente a la paz. Las Amnistías y los castigos especiales son usadas como moneda de cambio para permitir el progreso de la negociación y alentar a las partes involucradas a dejar las armas. Aquellos que han cometido crímenes se les permiten cooperar a cambio de condenas reducidas o alternativas como el servicio comunitario para ayudar a las víctimas del conflicto.
Esta fórmula de negociación puede resultar injusto para las víctimas de los crímenes cometidos por aquellos quienes se beneficiaran de las amnistías. En última instancia, la insatisfacción de grandes sectores de la población puede erosionar la legitimidad del acuerdo, limitar la eficacia de su implementación y potencialmente conducir a nuevos conflictos o despertar los antiguos.
El Acuerdo de Las Victimas
Focalisarse en las victimas como el centro de la construcción de la paz es un principio de justicia transicional que el proceso de paz Colombiano ha aplicado significativamente hasta ahora. El proceso intenta abarcar el dilema de “Justicia vs. Paz” al incluir a las víctimas en el proceso de negociación. Esto se ha hecho mediante la acogida de proposiciones de las propias víctimas que pudieron expresar sus opiniones, ideas y expectativas. Como partes interesadas de este proceso, algunas personas y grupos de victimas enviaron cartas al gobierno y las FARC y/o participaron en foros regionales y nacionales. Muchos también formaron parte de delegaciones de victimas las cuales participaron directamente en la mesa de negociación en la Habana y hablaron a cada una de las partes cara a cara.
Juanita Goebertus es una experta en justicia transicional quien coordino la dirección de justica transicional para el Alto Comisionado para la Paz del gobierno colombiano y formo parte de la delegación del gobierno en la mesa de negociación. Cuando fue entrevistada para este artículo, ella indico como la participación de las víctimas, en particular aquellas que viajaron a la Habana, fue un hito para el proceso de paz.
“Escuchar a las víctimas era transcendental,” dice ella. “Un ejemplo de esto fue cuando el Alto Comisionado Sergio Jaramillo describió las demandas de las delegaciones de víctimas de continuar con el proceso como el impulso necesario para continuar cuando las negociaciones se habían estancado y muchos las daban por perdidas”
La Profesora Pilar Rían Alcalá de la Universidad de British Columbia es una experta en las memorias colectivas de comunidades que han sido víctimas de conflictos violentos y desplazamiento forzoso. Formo parte de la Comisión de Verdad creada para reconstruir las memorias históricas del conflicto como parte de la Ley de Justicia y Paz del 2005 aprobada por el Congreso Colombiano para facilitar la desmovilización de organizaciones paramilitares. Hoy, la Profesora Rían Alcalá continúa trabajando con varias comunidades de víctimas como la de Bojayá la cual ha jugado un rol activo en el proceso de paz.
Cuando conversamos sobre la participación de las víctimas en el proceso de Paz Colombiano, la Profesora Alcalá señalo que el compromiso de las victimas ha sido crucial para lograr un acuerdo amplio e incluyente que realmente refleja las perspectivas de quienes más sufrieron y no solo de las agendas políticas del gobierno colombiano y de las FARC.
Está Claro que sin la participación de las gropos sociales de víctimas y sus miles de proporciones para todos los puntos de la agenda de negociación, el proceso hubiera sido una negociación entre dos ejércitos” dijo Alcalá. “Su participación impulso ambos lados de la mesa a incluir las perspectivas de estos grupos sociales”.
Perspectivas de Genero
Una de las principales victorias de los defensores de derechos humanos de este proceso de paz, como lo indicado la Profesora Alcalá, fue la inclusión de las perspectivas y enfoques de género. Inicialmente las cuestiones de género como la violencia sexual contra mujeres y niñas fueron ignoradas en gran manera por ambas partes de la mesa de negociación, a pesar de las evidencias sustanciales de estos crímenes como parte del conflicto armado. De hecho, durante el primer año de negociación, no hubo mujeres en la delegación gubernamental. No obstante, la movilización masiva por parte de los grupos sociales de mujeres llevo a que las mujeres tuvieran un papel activo en el proceso de paz.
Esther Polo es una abogada Colombiana fuertemente vinculada con los movimientos para la protección de los derechos sociales, culturales y civiles de las mujeres. Cuando conversamos sobre la participación de mujeres en el proceso de paz colombiano, La Dra. Polo identifico a la Primera Cumbre Nacional de Mujeres y Paz del 2013 como un hito para la participación de la sociedad civil colombiana en este proceso.
Es la primera vez que, durante negociaciones, las mujeres colombianas de diferentes organizaciones sociales nos juntamos en esta Cumbre la cual resulto en la inclusión de las mujeres en el equipo de negociación de gobierno” Afirmo Polo. “Cuando el proceso comenzó, ninguna mujer fue consultada, por lo tanto el lado del gobierno no incluyo las perspectivas de las mujeres”.
La Dra. Polo dijo que otra victoria para las mujeres y niñas Colombianas fue la creación de grupos especializados para investigar la violencia contra la mujer. Estos grupos fueron diseñados con la participación de mujeres y serán parte de cada mecanismo de transición como lo son la Comisión de Verdad y la Jurisdicción Especial de Justicia. En última instancia, la movilización organizada de mujeres que continúan buscando una paz que las respeta y que integra sus opiniones y experiencias es uno de los logros más importantes para la sociedad colombiana en medio del proceso de paz.
Desafíos Por Vencer.
Aunque la significativa inclusión de grupos de victimas es un indicador de una transición saludable hacia la paz, el rechazo del acuerdo original por parte de muchos colombianos expone la gran distancia que la sociedad aún tiene que recorrer antes de que se logre una paz estable. El patrón de votación del plebiscito que rechazo estrechamente el primer acuerdo, muestra una nación dividida.
Por un lado, fueron las regiones rurales más afectadas por el conflicto las cuales apoyaron en gran medida el acuerdo. Tanto la profesora Alcalá como la abogada Polo dijeron que esto se debe a que los grupos de víctimas, provenientes de estas regiones, han estado fuertemente involucrados en el proceso de paz desde el primer día de las negociaciones. Por otro lado, las regiones más urbanas y desarrolladas que experimentaron menos directamente la violencia fueron las que más rechazaron el acuerdo. Algunas de las explicaciones a la desaprobación del acuerdo inicial apuntan a la desinformación de lo acordado en grandes segmentos de la población colombiana. Mientras que algunas personas no votaron ya que consideraban que la victoria del acuerdo era segura, muchos votaron en contra basados en información falsa y negativa que se difundió sobre lo pactado.
Lo que es claro es que el proceso de paz está siendo enfrentado por figuras políticas de gran influencia a pesar del apoyo de la mayoría de las víctimas. Por otra parte, la falta de seguridad continúa siendo una gran preocupación y realidad para los defensores de derechos humanos como Esther Polo quien ha sido declarada objetivo militar por grupos neo-paramilitares.
Lo que nosotros que aún estamos vivos demandamos es que nos permitan seguir peleando por la paz de Colombia, que se nos respete la vida,” exclamo Polo. “Aquellos que hemos trabajo por la paz tenemos el derecho a verla y sentirla aunque sea un poco.”
Leon Perez
Leon Perez is a Colombian McGill student who recently concluded an honors degree in political science. He started a B.C.L/ LL.B degree in September 2017. His academic research is focused on human rights advocacy, particularly the protection of the rights of refugees. He is researching multiple human rights issues in Latin America and in summer 2017 will be interning at a local NGO in Quito, Ecuador. He plans to write about Colombian refugees in Ecuador.